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Embarazos adolescentes en zonas rurales del Perú

Kathrin Isabelle

Cuando una niña o una adolescente menor de edad queda embarazada, no es por su voluntad, ni por su deseo personal, sino por falta de cuidado y protección o, peor aún, por violencia.

El año pasado estuve trabajando en un proyecto social en una comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, en las afueras de Asunción, la capital de Paraguay. Es una zona aislada y excluída de la sociedad e infraestructura urbana, donde ni siquiera entra la policia. Por lo tanto, el territorio es peligroso no solamente para l*s que lo visitan sino también para l*s que viven allá. En aquel tiempo tuve un encuentro muy chocante. Estaba trabajando con l*s jóvenes de la comunidad, cuando, de repente, una adolescente me miró a los ojos (a mi me parecía aún niña, estimo que tenía unos 14 años) con el estómago muy hinchado y supe de inmediato que estaba embarazada… al ver eso me dio un escalofrío y me pregunté: ¿Por qué ella quedó embarazada si aún es una niña ella misma? 

A nivel global, cada año, cerca de 16 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años, y alrededor de 1 millón de niñas menores de 15 años, tienen un embarazo no deseado (OMS, 2014).
Una de las causas más frecuentes de los embarazos adolescentes no deseados es la Violencia contra las Mujeres (VcM) que se basa en la desigualdad de género. La VcM representa una de las peores formas de violación de los derechos humanos que afecta la dignidad de las mujeres y sobre todo de las adolescentes porque la mayoría de las víctimas tienen entre 14 y 18 años de edad.

Foto: La autora

El Perú es un país multiétnico y multicultural, con un 24% de población que se audodefine como indígena (INEI, 2015). En general, las cifras de embarazo adolescente son muy preocupantes y han aumentado, sobre todo, en las poblaciones andinas y amazónicas. 1 de cada 5 adolescentes en la Sierra y 1 de cada 3 en la Selva es madre o está embarazada (INEI, 2016). Se registraron 4 madres menores de 15 años y 11 madres de 15 años de edad por día (RENIEC, 2015).

 

Foto: La autora

Las cifras también muestran la alta tasa de violencia sexual contra niñas y adolescentes. De acuerdo a la legislación, ellas no tienen capacidad para consentir una relación sexual ni un embarazo. Las niñas y adolescentes indígenas, de ámbitos rurales, afrontan una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión debido a un alto nivel de pobreza, un bajo nivel de educación y un acceso restringido a la salud pública y al sistema jurídico. En general, las desigualdades sociales se vinculan a las desigualdades económicas, es decir, las personas más pobres cuentan con menos y peores servicios de salud sexual y reproductiva que aquellas con mayores recursos económicos.

Cuando una niña o adolescente queda embarazada, el embarazo es considerado como un alto riesgo tanto para la salud de la madre como la del/la bebé. Este hecho está agravado por el restringido acceso a la salud sexual y reproductiva por barreras territoriales, legales, étnicas y culturales. En consecuencia, muchas de ellas mueren en el parto. Las complicaciones durante un embarazo y el parto del/la bebé son la segunda causa más frecuente de muerte entre las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo (OMS, 2014). En las zonas rurales, muchos partos se realizan en el domicilio a causa de barreras geográficas o de insuficientes servicios públicos en esas áreas. Además de los riesgos físicos un embarazo no deseado a una edad tan temprana significa un enorme estrés y presión psicológica y dificulta la vida de la madre, quitándole sus perspectivas de un mejor futuro.

Esta situación plantea un reto al país, en el cual el sector educativo y las políticas públicas juegan un papel fundamental, tanto en la prevención como en la atención de los casos. Para enfrentar esta preocupante situación es imprescindible que se mejore el acceso a la información sexual y a los servicios de salud reproductiva en las zonas alejadas. También, las necesidades específicas de las jóvenes tienen que ser visibles y atendidas en las políticas públicas. En general, la complejidad y severidad de la problemática hace necesario que la solución no se base únicamente en la política o en el sistema de salud, sino también en la educación y, sobre todo, en la capacitación de las niñas, adolescentes y mujeres explicándoles sus derechos de tener embarazos deseados y seguros, así como hij*s san*s y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En las zonas rurales del Perú, persiste una alta prevalencia e impunidad de la VcM. Aunque la mayoría de las comunidades rechaza la VcM, no garantiza la aplicación de sanciones, protección a las víctimas y medidas que eviten la reproducción de estos casos de manera segura y permanente. Aún existen muchos obstáculos prácticos para las mujeres en cuanto al acceso de los sistemas jurídicos para buscar justicia. En este contexto, el problema fundamental es la diferenciación y estigmatización por las diferencias culturales que están vinculadas a los derechos humanos y su garantía. La articulación de acciones intersectoriales es todavía una necesidad no cubierta en las zonas rurales especialmente de la Amazonía y la Sierra, que resulta importante poner énfasis en la construcción de mecanismos socio comunitarios de protección que estén articulados a los sistemas de justicia ordinarios.

Para prevenir la VcM y los embarazos adolescentes es importante trabajar de un enfoque multi-sectorial. En Belén, un distrito de Iquitos en la Amazonía del Perú, donde un tercio de las mujeres han sido madres o han estado embarazadas durante su adolescencia, ya existe una intervención concreta entre el sector público y no gubernamental. Esta intervención incluye entre otros, estudios científicos para tener un sustento teórico, reuniones con actor*s y decisor*s claves, sesiones de análisis y reflexión sobre el embarazo de adolescentes y la VcM dirigidas a niñas y adolescentes, así como visitas domiciliarias educativas. La colaboración entre l*s diferentes actor*s resulta ser eficaz para lograr la instalación y permanencia de factores protectores contra la VcM y el embarazo adolescente.

Fuente: pixabay.com

Para terminar este artículo, quiero destacar una vez más que es sumamente importante asegurar que la generación joven tenga la oportunidad de crecer libres de temores y dolores, para poder desarrollar plenamente su potencial y su personalidad individual y así poder impulsar y fortalecer el desarrollo sostenible de una sociedad integral. ¡Todas tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia y llena de amor!

Fuentes:

  • GIZ (2012). Aprendiendo a escuchar. Las Buenas Prácticas contra la Violencia de Género en Áreas Rurales del Perú. Lima, Perú.
  • INEI (2015). Informe Técnico de la Encuesta Nacional d Hogares 2014. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf.
  • INEI (2016). Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1356/.
  • Ministerio de Educación (2017). Desenrollando la madeja de la impunidad. Recuperado de http://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe-completo-desenrollando-impunidad.pdf.
  • OMS (2014). Adolescent Pregnancy. Fact Sheet. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/.
  • RENIEC (2015). Registro Nacional de Identificación y Estado Civil al 2015. Recuperado de http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada.
  • UNFPA (2017). Ampliando el acceso de adolescentes, jóvenes y mujeres a la salud sexual y reproductiva.
  • UNFPA (2017): Bienestar y desarrollo para cada mujer, adolescente y joven.

 

¡Por ser mujeres… NOS ESTAN MATANDO!

Sarahi

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. El calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero.

Alejandra Pizarnik

 

El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres-VcM y representa un problema social muy grave ya que refleja una estructura de dominación y violencia que se ha mantenido por siglos.

En Ecuador se reconoce la figura del femicidio a través del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Art. 141 el cual especifica: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Sin embargo, un total de 103 mujeres murieron de forma violenta entre el 1 de enero y el 2 de agosto de este año según el Colectivo Geografía Crítica[1]. Por su parte el  Ministerio del Interior registra 103 femicidios en lo que va del 2017 según informaron el 24 de julio[2] .

Esto da cuenta de la complejidad del problema, ya que, por un lado, no existen registros unificados que visibilicen las muertes violentas de mujeres y por otro que no basta con reconocer legalmente la figura del femicidio sino de todo un trabajo multidisciplinario que permita contrarrestar las causas estructurales de estas muertes.

Conocer y mejorar las estadísticas actuales del feminicidio en Ecuador y la región es parte de la lucha para enfrentar esta pandemia de la violencia contra las mujeres. Esto debe motivarnos a actuar y asumir esas historias no como un dato más o una simple y fría estadística, sino convertir esa información en consciencia y sensibilizarnos para actuar por transformar esa lógica que la justifica por medio de una cultura misógina.

Aprendamos  a reconocer en esas mujeres que ya no están, sus historias, sueños, familias y sus esfuerzos, para de esta forma avivar la lucha por vidas libres de violencia contra las mujeres utilizando la memoria como instrumento de rebeldía,  poder y justicia.

Foto: Colectivo Geografia Critica Ecuador

Para la guatemalteca Ana Leticia Aguilar el feminicidio es un problema social de dimensiones aún desconocidas. A través de esta figura penal, la muerte violenta de las mujeres puede ser resignificada desde una perspectiva de género evidenciando que no son hechos aislados, individuales, casuales o externos, sino que responden a causas estructurales, a la sumisión en que la sociedad patriarcal ubica a las mujeres como un colectivo subordinado.[3]

Entre algunas demandas que se han formulado para contar con instrumentos efectivos y con estrategias que prevengan la VcM en todas sus manifestaciones, podemos destacar las siguientes:

  • Mejorar o elaborar leyes adecuadas a la realidad y necesidades concretas de las mujeres que incluya la prevención, atención, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres.
  • Contar con un sistema único y desagregado de registro de datos sobre violencia de género y violencia contras las mujeres.
  • Establecer un presupuesto suficiente y permanente para prevenir la VcM y establecer mecanismos para su uso estratégico y rendiciones de cuentas.
  • Acelerar los procedimientos de la Fiscalía para acusar a los femicidas, evitando así la impunidad de estos crímenes.
  • Dar cumplimiento al Derecho Internacional en materia de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.
  • Denunciar las prácticas machistas que se reproducen en las instituciones y espacios públicos y privados ya sea la escuela o universidad o la familia, los medios de comunicación, la calle, el trabajo, etc.
  • Asegurar una educación no sexista y una formación integral, continua y profunda con las y los profesionales de la salud, de trabajo social, abogados, fiscales, policía y tod*s aquell*s que trabajen con mujeres agredidas y otras áreas concernidas.

Finalmente, resulta fundamental visibilizar el trabajo arduo, comprometido y sincero principalmente de las organizaciones de mujeres y feministas que desde muchos rincones del planeta y de América Latina aúnan esfuerzos para crear estrategias, reconocer mecanismos de auto y legítima defensa frente a la violencia patriarcal.

Formas creativas e innovadoras, que se vienen accionando desde la sororidad, amplían ahora el paraguas que acoge a nuevas iniciativas, mostrando una consciencia que va creciendo y que se resiste al patriarcado y sus tentáculos. Acciones que vinculan el teatro, la música, danza, cine y también las clásicas estrategias que siguen estando vigentes, como la incidencia y la formación política, son mecanismos que tendrán que ampliarse y mejorar, pero desde ya, están configurando, desde la diversidad y la rebeldía, una nueva radiografía de la realidad y de la organización de mujeres críticas al patriarcado.

Y aunque los retos son grandes y complejos, valorar y rememorar lo aprendido, compartido y conseguido, nos hace más fuertes y nos brinda la posibilidad de reconocernos con las otras, con nuestro trabajo, con nuestra voluntad de transformación y resistencia.

VivasNosQueremos-NiUnaMenos

JusticiaParaVanessa/Angie/Valentina/Gaby…

[1]  ElComercio.com

[2] ElComercio.com

[3] http://www.fiscalia.gob.ec/images/publicaciones/femicidiopc.pdf

 

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La violencia invisible

Larissa

Manipulación, control, chantaje y  también golpes y patadas, no sólo son problemas de las relaciones heterosexuales,  la violencia también ocurre en relaciones del mismo sexo.

Si hablamos de la violencia de pareja, usualmente se imagina un agresor, según los estereotipos, como un hombre, alto, fuerte, agresivo, mientras que las mujeres agredidas son  tiernas, delicadas, débiles y emocionales. Una mujer que maltrata a su pareja es una imagen casi inimaginable en nuestras cabezas.

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 3 de cada 10 mujeres son violentadas física o sexualmente por su pareja (WHO 2013). Aunque la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) es solo un tipo de violencia entre muchas, es la más extendida del planeta. En la mayoría de los casos son mujeres en relaciones heterosexuales las que sufren violencia proveniente de sus (ex)novios o (ex)esposos. Pero no solo las mujeres heterosexuales sufren violencia de pareja,  también es un problema en las relaciones del mismo sexo, aunque no necesariamente se quiera reconocer.

Cuando se trata de violencia de pareja o expareja del mismo sexo, se habla de la violencia intragénero. El problema es que no hay cifras, ni estadísticas oficiales que muestren claramente su prevalencia.

                                                   Foto: @katdoubleve / photocase

Hay pocos estudios que se hayan aproximado al tema. Un estudio realizado por la Universidad de Northwestern (Chicago) en el año 2014, concluyó que entre el 25% y el 75% de las lesbianas, gays y transexuales fueron víctimas de violencia de pareja. Recientemente, un estudio del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), reveló que un 30% de las personas homosexuales reconoce haber ejercido violencia hacia sus parejas del mismo sexo y el 60% conoce a alguien que ha sufrido violencia, mayormente psicológica. Estas cifras son parecidas a las de las relaciones heterosexuales. Pero en el caso de la violencia intragénero la cifra debe ser más alta porque muchas mujeres y hombres homosexuales no se atreven denunciar a su pareja.

Existen muchos prejuicios cuando se habla sobre la violencia intragénero. Alguna gente piensa que las relaciones del mismo sexo son igualitarias y no hay violencia, pero no necesariamente es así. La violencia no tiene  nada que ver con la fuerza física, más bien con la posición de dominación y sumisión. Y existen los mismos problemas de dominación y sumisión que en las otras relaciones.

Las raíces de la VcM están basadas en el desequilibrio sexista e histórico de poder que existe entre hombres y mujeres que viven en una sociedad patriarcal.  Este desequilibrio de poder también puede darse en las relaciones entre personas del mismo sexo.

La violencia intragénero también es parte de una sociedad patriarcal y tienen una dinámica similar a la de la violencia contra las mujeres en relaciones heterosexuales. Los tipos de violencia son similares. Lo único en que se diferencian es que no hay roles de género definidos. En las relaciones del mismo sexo no necesariamente alguien cumple un rol femenino o masculino.

Hablamos de violencia intragénero cuando existe una desigualdad de poder y una persona ejerce su poder para hacer daño a la otra o para hacer prevalecer su opinión. Otra forma es que una de las partes quiere tener control sobre la otra. Le pone reglas sobre cuándo y con quién salir, cómo se viste o controla sus gastos económicos.

Las formas de violencia son las mismas que en una relación heterosexual (física, psicológica, económica, sexual) aunque con algunas características específicas.

Una de estas es el chantaje de hacer pública su orientación sexual, especialmente cuando se tiene temor sobre cómo reaccionará la familia, amig*s o coleg*as del trabajo y  de ser discriminad* por ell*s.

Denunciar a la pareja no siempre ayuda. Por ejemplo en el Perú y muchos otros países todavía no hay leyes que protejan a l*s agredid*s contra la violencia intragénero. Además, a veces la policía no toma en serio las llamadas de una mujer que dice ser maltratada por su novia.

                                                                              Foto: @katdoubleve / photocase

La ausencia de leyes es sólo un problema con que se ven confrontad*s l*s integrantes de la comunidad LGBTIQ. Otro problema es el apoyo de la comunidad LGBTIQ. La violencia intragénero es un tabú en el colectivo porque se teme dañar la imagen de la propia comunidad. Sin embargo el hecho de que la propia comunidad LGBTIQ se involucre, podría ser muy importante ya que conocen la verdadera situación de la gente. Muchas personas sufrieron en su juventud discriminación por ser homosexuales lo que afecta sus futuras relaciones. La comunidad podría utilizar sus conocimientos para desarrollar medidas adecuadas de acercamiento al tema y encontrar soluciones para l*s agredid*s. Además con un mejor acceso a l*s involucrad*s.

Por otro lado, no hay un gran interés público en el tema y todavía existen varios mitos y prejuicios que dificultan la investigación y erradicación de la violencia intragénero. Para mejorar la situación hay que distanciarse de los estereotipos y analizar la realidad de la vida de la persona que ama a una persona de su mismo sexo. La violencia es un problema que afecta a todas las partes de nuestra sociedad y no solo a un grupo específico. Es importante implementar un marco institucional que proteja a l*s agredid*s y que tome en cuenta las circunstancias especiales de las personas LGBTIQ. Para ello es necesaria una mejor cooperación entre esta comunidad LGBTIQ, el Estado y la sociedad civil. El personal de los Centros de Emergencia existentes, incluyendo la  propia Policía, debería saber cómo tratar adecuadamente estos casos, con capacitación especializada.  Deberían crearse Centros de emergencia y de consulta especializados en el tema de la violencia intragénero. Hay que hablar de los problemas y hacer la violencia intragénero visible, porque existe. Deberíamos analizar las estructuras en las que crece esta violencia y desde allí empezar a trabajar para prevenirla y erradicarla.

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Fuentes:

WHO: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter2/es/index2.html

El diario: https://eldiariony.com/2017/05/02/el-drama-del-doble-armario-la-violencia-invisible-dentro-parejas-del-mismo-sexo/

Generando Igualdad: http://www.generandoigualdad.com/que-es-la-violencia-intragenero/

Cascara amarga: http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-espana/14325-el-30-de-los-homosexuales-reconoce-haber-ejercido-violencia-hacia-sus-parejas.html#.WO8z1lq76EM.twitter

Playgroundmag: http://www.playgroundmag.net/articulos/reportajes/violencia-parejas-mismo-cobra-victimas_0_1964203593.html

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